miércoles, 4 de mayo de 2011

LIBERTAD DE PRENSA

Gonzalo Marroquín, actual presidente de la SIP, magnate de la televisión guatemalteca que hace y deshace a su antojo en la política de su país. Gonzalo Marroquín tiene varios precios o tarifa para publicar noticias, para no publicarlas, para tergiversarlas, para manipularlas; y, lo más importante, tiene un precio alto para tocar cualquier tema a nivel editorial. Estas expresiones son de Conrado Monroy, ex Editor de Prensa libre, uno de los periódicos de Marroquín.


El secretario de Medios de Comunicación, Juan Manuel Abal Medina, recibirá hoy a la misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que viene en respuesta a los pedidos del monopolio Clarín y del matutino La Nación.
Quizás la SIP viene a recortar el monopolio de Clarín, o averiguar porqué este grupo no cumple con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. O quizás viene para que el grupo Clarín explique porqué no incorpora en la grilla varios canales, entre ellos el programa infantil Paka-paka, o porqué Cable visión le levantó el programa al periodista Marcelo Almada en Misiones después que se negó a cumplir la bajada de línea que quiso imponerle Clarín. Serían motivos reales que una entidad como la SIP debería tratar.

No señores, nada de eso, la SIP viene a quejarse porque a Clarín, un piquete de huelga que viene haciendo reclamos desde hace 8 años, le interrumpió por un día la salida del diario.

Seguramente Abal Medina les responderá que el diario aprovechó el piquete para no salir y así poder victimizarse, ya que había otros portones de salida para los camiones. También les dirá que están confundiendo un conflicto gremial con un atentado a la libertad de prensa y finalmente les insistirá de que Clarín es una empresa que no cumple con la ley de asociación gremial y que hay persecución, amenazas y presiones a los trabajadores del diario. Terminará diciéndoles que Clarín, o mejor dicho Magneto no cumple con casi ninguna ley.

Pero como el cuadro organizativo de la SIP está compuesto por los dueños de los monopolios, informará simplemente que en Argentina hay restricciones a la libertad de prensa y pasará este dato a la CIA con la cual tiene estrecha relación.
Ante la llegada de la SIP, más de 500 periodistas de todos los medios audiovisuales y escritos sacaron la siguiente solicitada:
Nosotros, los abajo firmantes, periodistas profesionales y trabajadores de medios escritos, radiales y televisivos, representantes de la cultura y docentes e investigadores en comunicación social de universidades de la Argentina, ante la próxima visita de una delegación de la Sociedad SIP, queremos manifestar:
1-    Que la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un avance extraordinario para nuestra democracia.
2-    Que la derogación en 2009 de los delitos de calumnias e injurias fue otro paso trascendente para el desempeño sin ataduras de nuestra tarea.
3-    Que el desconocimiento a la ley de los grupos monopólicos de la comunicación constituye una amenaza cotidiana a la libertad de prensa, como se advierte en el Punto 12 de la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.
4-    Que son estos grupos los que vulneran el derecho de las audiencias a ejercer sus plenos derechos cuando incumplen la resolución legal 296/2010, de la AFSCA, que incluye en la grilla a canales alternativos a la oferta de un cableoperador dominante como Paka-Paka, Telesur, Incaa TV y CN23.
5-    Que el manejo oligopólico arbitrario de la producción y reparto del papel para diarios, principal insumo de la prensa gráfica, hoy en manos de una mayoría privada constituida tras un traspaso accionario protagonizado por sujetos físicos investigados en la justicia por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, viola el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, de jerarquía constitucional en nuestro país, que señala: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
6-    Que hay plena libertad de opinión, pero la difusión de ideas se encuentra amenazada por los monopolios informativos.
7-    Que condenamos la censura previa ejercida por Cablevisión, empresa del Grupo Clarín, sobre el periodista Marcelo Almada.
8-    Que condenamos la persecución sindical en empresas periodísticas que vulneran la libertad de expresión y la de conciencia.

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