El
Centro Cívico de Cochabamba en Bolivia, estaba colorido con banderas y la banda
local tocaba marchas militares y populares. El invitado y personaje principal
era el presidente Hugo Banzer quién venía a celebrar el contrato de un
emprendimiento acuífero. La empresa beneficiada sería la poderosa multinacional
norteamericana Bechtel que tendría un porcentaje de las acciones de la flamante
empresa Aguas del Tunari, encargada
de desarrollar el proyecto.
En
el palco junto al presidente se encontraba el alcalde de la ciudad, quién debió
sacrificar una tarde de su piscina lo suficientemente amplia como para
recorrerla con varias brazadas. Se imaginó por un instante sumergido en el agua
fresca en lugar del sol agobiante que caía a plomo sobre su cabeza.
No muy lejos,
en la zona pobre de las afueras de Cochabamba, Herminia cargando su sexta hija
sobre la espalda, esperaba su turno para llenar el cántaro en el único grifo de
la zona. La historia y los acontecimientos pronto los enfrentaría por un
elemento que al primero le sobraba y a la segunda apenas le alcanzaba: el agua.
Como
la población no había sido consultada ni informada, el tema no había
trascendido y sólo unos pocos tuvieron la sospecha de que nada bueno iba a
suceder respecto de la provisión de agua y su costo.
Al
mes siguiente, el gobierno aprobó la Ley 2029 llamada del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, que pronto fue
bautizada con el sucinto nombre de Ley de
Aguas. El documento legalizaba el contrato suscrito con Aguas del Tunari y quienes accedieron al
texto, comprobaron que las actuales cooperativas, pozos y otras fuentes de
provisión de agua, estaban obligadas a conectares con la red del flamante
concesionario. Como si esto no bastase, el contrato prohibía a la población
acumular el agua de lluvia.
De
esta manera con mínima inversión, la empresa se adueñaba de los sistemas de
riego existentes que habían sido construidos con los recursos y el esfuerzo de
los campesinos.
En
enero de 2000, la tarifa del agua se incrementó hasta un 100%, lo que
representaba el 20% del ingreso de la población de clase baja. Muchas familias
tenían ingresos que no superaban los dos euros diarios y se verían obligadas a
prescindir de necesidades básicas, como la escuela, la alimentación mínima y la
salud.
El descontento popular fue manifiesto y se constituyó la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida,
institución que tuvo la habilidad de comunicarse estrechamente con la población
mediante cabildos y reuniones permanentes. Además, su base estaba constituida por
federaciones, sindicatos urbanos, juntas de vecinos, organizaciones
universitarias, profesionales y sindicatos campesinos. A partir de entonces
todas las demandas y decisiones se canalizaron a través de esta organización
que fue creciendo en poder e influencia.
La
resolución de los conflictos depende en gran parte de la habilidad de una de
las partes, pero también, ayuda el número de torpezas e indecisiones de la
parte contraria. La Coordinadora se
vio fortalecida por ambas razones. Los miembros del Comité Cívico que apoyaban
a la empresa Aguas del Tunari,
mostraron una manifiesta incapacidad, el alcalde no tenía cintura política para
resolver una situación que lo desbordaba y el propio gobierno cometió varios
errores.
En
los primeros días de febrero, ante la falta de respuesta, la Coordinadora llamó
a la “toma pacífica” de la ciudad. Por su parte, el gobierno envió efectivos militares
y reforzó la policía para ocupar sitios estratégicos, emitiendo declaraciones
incendiarias a través de la radio y panfletos lanzados desde avionetas
gubernamentales para amedrentar a los habitantes.
La
población de Cochabamba, especialmente los campesinos, tenían mucho que perder
si Aguas del Tunari lograba imponerse
y decidieron jugarse el todo por el todo. Hubo múltiples choques con las
fuerzas de seguridad y durante dos días la ciudad fue un caos y tierra de
nadie. Rompiendo una regla que es tradicional en América Latina, esta vez la
Iglesia a través del obispo de Cochabamba, se puso del lado de los habitantes
junto con la Defensoría del Pueblo. El gobierno se comprometió a revisar la
estructura tarifaria, liberar los detenidos y encargarse de los heridos que
produjeron los enfrentamientos.
Pronto
se vio que las intenciones del gobierno eran otras y junto con la empresa mostró
un comportamiento vago y dilatorio. La Coordinadora radicalizó su posición
exigiendo la desaparición de Aguas del
Tunari, y con ese fin realizó un plebiscito en Cochabamba que fue exitoso,
pese a la escasa difusión por la falta de recursos. Ante la ausencia de
respuesta por parte de las autoridades centrales, se convocó a un paro de
actividades que fue total y el gobierno cometió la torpeza de encarcelar a
dirigentes de la Coordinadora. El obispo de Cochabamba y el alcalde quién
finalmente decidió activarse, asumieron la actitud de “presos voluntarios” y la
población se rebeló en masa. Finalmente los prisioneros fueron liberados.
Días
después, el gobierno volvió al ataque y declaró el Estado de Sitio y miembros
de la Coordinadora fueron hechos nuevamente prisioneros. Las medidas agravaron
los ánimos, el pueblo volvió a ganar la calle y se repitieron los machetazos y
los gases lacrimógenos. Los campesinos del altiplano, al grito de “¡el agua es
nuestra carajo!”, estaban encabezados por un indígena, por entonces muy poco
conocido llamado Evo Morales.
La
guerra del agua duró cuatro meses, de duros combates, varios muertos y
numerosos heridos. Fue una victoria costosa como sucede cuando los débiles se
enfrentan al poder, pero la unidad y la desesperación ante la alternativa de
perderlo todo hizo que se disolviera la empresa Aguas del Tunari y Cochabamba pudo recuperar el libre acceso al insustituible
elemento.
Fuentes:
Guerra
del agua en Bolivia. http://www.revistazo.com/nov-02/doc_bolivia.htm
Privatizacion del agua, La guerra del agua, Cochabamba, Bol. Taringa.
http://www.taringa.net/posts/videos/9727472/Privatizacion-del-agua. La guerra del agua, Cochabamba,
Bolivia.
