BALTAZAR GARZÓN: EL JUICIO INFAME

Después de Camboya, España es el segundo país que detenta el triste privilegio de poseer el mayor número de fosas clandestinas. Este record es el resultado de decenas de miles de españoles republicanos que fueron muertos durante y después de la guerra bajo la dictadura de Franco, una de las peores del siglo XX.

El juez Baltasar Garzón quiso que se empezaran a exhumar cadáveres, identificarlos y entregarlos a los descendientes para que reciban un entierro digno. Con esta decisión abrió una caja de Pandora de donde emergió toda la lacra fundamentalista de la derecha católica y ultra reaccionaria. España es un país que durante 500 años vivió bajo el control opresivo de la Iglesia, de los cuales 300 corresponden al imperio de la Inquisición y alcanzando su pico durante los 40 años de dictadura franquista. España, a pesar de haber entrado en democracia a partir de la muerte de Franco fue siempre un estado fundamentalista.

                        Goya: Tribunal de la Inquisición

Persisten enclaves franquistas en asociaciones y cofradías y aún quedan calles, monumentos y arcos con el nombre o la efigie del “caudillo de España por la gracia de Dios”. La Real Academia de Historia insiste en considerar a Franco como autoritario, pero no como totalitario. Y la verdad es que el país no sabe a ciencia cierta si en las fosas clandestinas hay cien mil o trescientos mil cadáveres.

Mientras Baltasar Garzón arremetió contra los dictadores latinoamericanos, la ETA y torturadores como Scilingo, pudo actuar con las manos libres. Cuando quiso explorar los crímenes del franquismo, cuando pretendió que España tomara conciencia de un pasado ocultado bajo la alfombra de la hipocresía, surgieron de las tinieblas los resabios de odio e intolerancia, excrementos que persisten arraigados en la sociedad española.

Tan imperdonable como meterse a revolver temas que muchos persisten olvidar, fue meter las narices en la trama de corrupción conocida como "caso Gürtel", que en 2009 salpicó a altos cargos regionales de Valencia y Madrid del Partido Popular (PP). Varios de estos individuos que hoy están en el poder, juraron venganza y aparecieron denuncias de espionaje y de prevaricato.

Se constituyó un tribunal infame que desde el primer día del juicio ya tenía en mente destruir a Baltasar Garzón. La historia está plagada de tribunales venales al servicio del poder de turno donde la sentencia al candidato sentado en el banquillo ya estaba definida antes de comenzar el juicio. Podemos citar los casos de Sócrates, Galileo, Giordano Bruno, Sacco y Vanzeti, Ethel y Julius Rosenberg, Nelson Mandela, etc. Según las épocas, la pena fue la cicuta, la hoguera, la silla eléctrica o décadas de prisión.

Con Baltasar Garzón el tribunal fue más benévolo, lo condenó a 11 años de inhabilitación como juez o sea que le arruinaron la carrera para el resto de su vida. Frotes de manos, festejos y descorches de botellas de champán, por fin el juez dejará de molestar. Rajoy, el cabecilla del PP que está cumpliendo a raja tabla las órdenes de la dupla Merkel/Sarkozi y del FMI, puede sonreir satisfecho…por ahora.

La decisión de este tribunal mancha no sólo a la justicia española sino a todo el país y sienta un gravísimo precedente ya que está enviando un mensaje que dice: “esto es lo que le pasará a todo juez que pretenda investigar crímenes de lesa humanidad”.

Transcribo parte del análisis que hace el juez Raúl Zaffaroni respecto a la condena a Baltasar Garzón (ver el texto completo aquí):

“Más allá de todas las consideraciones que merezca el caso Garzón en cuanto a intencionalidad ideológica y cualquiera que sea la simpatía o antipatía que despierte su conducta, lo cierto es que la condena del Supremo español representa un peligro para todos los jueces del mundo, por el ejemplo de autoritarismo y verticalismo interno que pone de manifiesto.”

“La intolerancia de un cuerpo supremo a los criterios dispares de los jueces de primera instancia revela una decisión que pone fin a la independencia interna de los jueces y consagra una dictadura de los órganos supremos.”

“El caso Garzón no es un juicio a un juez, sino una agresión incalificable a la independencia interna de los jueces y una regresión al modelo napoleónico de verticalismo interno corporativista, incompatible con una magistratura democrática.”