POLITIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL

Los antecedentes poco santos del Poder Judicial

Señalar que el Poder Judicial se ha politizado es no tener en cuenta su historia desde el propio origen. La justicia en Argentina estuvo siempre politizada, con una fuerte tendencia a establecer estrechos nexos con los gobiernos conservadores previos a Yrigoyen, a quien por representar los intereses de la clase obrera y la clase media se opusieron a muchos de sus decretos y leyes. Sin embargo, el antecedente más oscuro de la Suprema Corte fue avalar el golpe militar fascista de Félix Uriburu en 1930, porque sentó un precedente gravísimo que facilitó el surgimiento de nuevos golpes militares en las décadas siguientes.

Miembros de la Corte Suprema que avalaron el golpe militar del 30. De izquierda a derecha: Antonio Sagarna, José Figueroa Alcorta, Ricardo Guido Lavalle, Roberto Repetto y Horacio Rodríguez Larreta (antepasado del Guasón).

Activa participación en los medios

Actualmente, la intromisión de los jueces en la política del país es tan notoria que la ciudadanía conoce los rostros y nombres de los supremos, junto con el de numerosos jueces que ingresaron en una espiral mediática y son figura repetida en los canales de televisión y en la radio. Es tal su participación en los medios, que estos se vieron en la necesidad de generar periodistas especializados en derecho para cubrir los temas judiciales. A semejanza de los magistrados, dichos periodistas no son imparciales sino que siguen las ideologías de los medios a los que pertenecen. 

En los últimos años y particularmente en los 4 meses del flamante gobierno de Macri, ávido de revanchismo contra los miembros del gobierno anterior, los magistrados son presionados para tomar partido a favor del oficialismo. El diario La Nación y el monopolio Clarín, en sus editoriales y en las columnas de sus principales redactores, le bajan línea al poder judicial sobre cómo debe actuar.

La decadencia de Ricardo Lorenzetti

Un caso paradigmático es el del presidente de la Suprema Corte Ricardo Lorenzetti. Era el hombre más mimado del país hasta la votación de la Ley de Medios después de que en una sesión abierta en el Palacio de Tribunales, los abogados del monopolio Clarín hicieron un patético papel y a la Suprema Corte no le quedó otro recurso que seguir adelante con la ley antimonopolio que había sido frenada por cautelares.

La venganza de Magnetto, el CEO de Clarín no tardó en llegar y fue despiadada, tenía escondido bajo la manga un episodio oscuro ocurrido hacía 20 años sobre Lorenzetti cuando vivía en Rafaela. El joven juez había lucrado mediante coimas e intermediaciones espurias con el PAMI. En una palabra, según el monopolio Clarín, robaba a los afiliados.

Súbitamente la noticia fue tapa de los diarios y de prócer del republicanismo, Lorenzetti se convirtió en un hereje montado desnudo en un caballo blanco y con el bonete de la Inquisición sobre su cabeza. Claudicó, se acomodó y ahora es un fiel perrito faldero de Macri y de Magnetto. A pedido de ambos solicitó a 4 jueces, que no eran afines a Cambiemos, a que renuncien. Tampoco le molestó que pasando por arriba de su investidura y sin el aval del Congreso, Macri propusiera dos jueces para completar los miembros de la Suprema Corte.

                                       Dos buenos amigos

La judicialización de la política se convirtió en un fenómeno cotidiano, comprobable con una rápida lectura de los periódicos. En una ponencia en el XII Congreso Nacional de Ciencia Política, el abogado Gustavo Arballo, profesor de Derecho, analizó 502 casos políticamente perfilados y que formaron parte del debate público, que fueron resueltos por la Suprema Corte entre 1984 y 2013 y llegó a la conclusión de que se registró un aumento significativo en la última década.

Un fenómeno común en América latina

No se trata de un fenómeno local, la justicia participa en procesos conspirativos para destronar a presidentes de corte populista que pretenden enfrentar monopolios, eliminar la pobreza y llevar a cabo una redistribución solidaria de la riqueza. En otros términos la justicia, fiel a su estilo monárquico, es elitista y trata de instaurar regímenes de derecha y afines a los intereses de Estados Unidos. 

El fenómeno comenzó en Honduras en 2009 con la remoción de Manuel Zelaya, siguió en Paraguay en 2012 con Fernando Lugo y actualmente en Brasil con la destitución de la presidenta Dilma Rousseff bajo el cargo de haber redireccionado presupuestos hacia actividades diferentes a las originariamente designadas, irregularidades cometidas por todos los gobiernos de Brasil. Es reemplazada por Temer, un presidente interino que es de temer, junto con su gabinete: una enciclopedia de casos de corrupción, una verdadera manga de fascinerosos. 

Agreguemos que según Atilio Borón: “los jueces y fiscales que participaron en el operativo de destitución de Dilma, fueron entrenados a lo largo de casi dos décadas por sus pares estadounidenses en cursos supuestamente técnicos, pero que como es bien sabido, tienen invariablemente un trasfondo político que no requiere de mucho esfuerzo para imaginar sus contornos ideológicos”.

Macri quien se siente totalmente consubstanciado con estos sujetos, que son de su mismo palo, ya manifestó la aprobación del nuevo gobierno e impidió que todo el arco opositor de la Legislatura emitiera un comunicado de repudio por este asalto institucional.

Según el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni: “Tanto en la justicia de Brasil como en la Argentina hay un sector minoritario de jueces que se han metido en lo partidista y, lógicamente, proceden con la torpeza que es inherente a su inexperiencia. Con notoria grosería se puede decir que son elefantes en un bazar”. Una gran parte de ellos se concentra en los tribunales de Comodoro Py, una mole de cemento de 10 pisos, donde pululan con sus expedientes bajo el brazo estos leguleyos, fatigando pasillos y zanjando los conflictos políticos acorde a los criterios de los factores de poder.

El problema con el sistema judicial argentino, es el crecimiento desmesurado que adquirió a través de los años, algo que ni los legisladores del Congreso ni los ejecutivos de la Casa Rosada jamás habrían soñado en los albores de la República.

Una casta privilegiada

Los comienzos de la Suprema Corte, allá por 1862, fueron de gran modestia y austeridad. Instalada en un local de la calle Bolívar entre Moreno y Belgrano, contaba con un personal muy reducido, que en un principio se limitó a un secretario, un ujier y un ordenanza. Actualmente cuenta con la sobria e imponente mole del Palacio de Tribunales que ocupa toda una manzana y numerosas oficinas distribuidas alrededor de la plaza Lavalle, atestadas de expedientes atrasados. A esto hay que agregar los tribunales de Comodoro Py.

Repasemos un poco las prebendas de las que goza un juez:

- No se somete a la prueba de los votos. El pueblo no lo elige, se eligen entre ellos.

-  No está obligado a capacitarse ni a cumplir horarios demasiado rígidos.

- Prácticamente no rinde cuentas a nadie.

- No paga el impuesto a las ganancias y su cargo es vitalicio.

- Goza de los mejores sueldos, jubilaciones y obra social.

- Puede emitir amparos que frenen leyes aprobadas por mayoría en el Congreso y transformarlas en letra muerta.

-- Los golpes militares (afortunadamente terminados) anularon el Congreso y el Poder Ejecutivo vigente, pero no llegaron a tocar al Poder Judicial o a lo sumo, reemplazaron a los supremos por jueces más venales.

Mantienen resabios medievales, incorporando frases en latín intercaladas dentro de un léxico encriptado. En resumen, el sistema judicial argentino es una corporación totalmente abroquelada, anacrónica, vitalicia, endogámica, con alto grado de inoperancia, donde un número considerable de jueces, está politizado y se maneja por influencias y presiones de grandes empresas que incluyen suculentas aceitadas.

Pruebas a la vista tenemos el encarcelamiento sin juicio previo de Milagro Sala, a todas luces por razones de revanchismo político así como la catarata de investigaciones, procesamientos y allanamientos contra funcionarios del gobierno anterior.

El caso más notorio es el escándalo mayúsculo del juez Bonadio, considerado un lumpen dentro del Poder Judicial, quien procesó a Cristina por haber autorizado el dólar a futuro. No solo carece de motivo jurídico sino que el propio Bonadio autorizó a Sturzenegger, actual presidente del Banco Central, a darle curso al dólar a futuro. Es así que se llenaron los bolsillos la mitad de los miembros del gabinete, incluyendo al propio Macri, quienes previamente tomaron la precaución de devaluar la moneda llevando el dólar a $15. Nadie del anterior gobierno realizó esa especulación, pero el juez la procesó a Cristina.

El encono enfermizo de Bonadio no es suficiente para justificar el mamarracho que confeccionó, o es pobre en neuronas o antes de escribir se fumó un porro y se mandó al garguero 3 vasos de whisky. No hay otra explicación.

Todos estos hechos y muchos más, nos dan la pauta que por primera vez en la democracia argentina, se ha perdido el estado de derecho y los ciudadanos carecen de seguridad jurídica.

Claudio Bonadio, un juez amante de las cámaras y los portales de noticias.

José Natanson. Populismo judicial. Le Monde Diplomatique, Mayo 2016.

Andrés Fidanza. Los reyes de la justicia. Le Monde Diplomatique, Mayo 2016.

Atilio Borón. Salto al poder en Brasil. Página 12, 13/06/2016.

Irina Hauser. Miniinvestigación antes de dictaminar. Página 12, 13/06/2016.

Conferencia de Sergio Wischñevsky, el 7 de mayo 2014 en el Instituto de Revisión Histórica Dorrego.

Víctor Hugo Morales. Mentime que me gusta. Editorial Aguilar. Buenos Aires 2015.

Eduardo Aliberti. Editorial en Radio La Red, 14/06/2016